SAGRILAFT: Blindando el Sector Real contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Guía Esencial para Empresas y Oficiales de Cumplimiento en la Implementación del Sistema

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) es el marco regulatorio diseñado específicamente para las empresas del sector real en Colombia. Creado en 2020 por la Superintendencia de Sociedades, este sistema amplía y actualiza el anterior SAGRLAFT, con el objetivo de proteger la integridad de las empresas, asegurar el cumplimiento legal y contribuir a la lucha contra los delitos financieros a nivel nacional e internacional. Para el oficial de cumplimiento en el sector real, SAGRILAFT representa un desafío y una oportunidad para fortalecer la resiliencia de sus organizaciones. 

El alcance del SAGRILAFT es amplio y aplica a entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, incluyendo sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, entre otras. La obligatoriedad se determina por umbrales de ingresos o activos: por ejemplo, ingresos o activos iguales o superiores a 30.000 Salarios Mensuales Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) para el régimen general, y entre 3.000 y 29.999 SMMLV o activos iguales o superiores a 5.000 SMMLV para el régimen de medidas mínimas. Además, es obligatorio para sectores específicos considerados de mayor riesgo, como agentes inmobiliarios, comercio de metales preciosos y piedras, servicios legales y contables, construcción, y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). Esto implica que alrededor de 8000 compañías en Colombia están obligadas a implementar SAGRILAFT. 

SAGRILAFT comparte las cuatro etapas fundamentales de gestión de riesgos con SARLAFT, adaptadas a las particularidades del sector real:

1. Identificación: Permite a las empresas identificar los factores de riesgo LA/FT/FPADM y los riesgos asociados, clasificándolos según la actividad económica y la materialidad. 
2. Medición o Evaluación: Mide la probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente y el impacto que puede tener si se materializa, estableciendo el perfil de riesgo inherente de la empresa. 
3. Control: Consiste en tomar medidas para mitigar el riesgo inherente, lo que lleva a la definición del perfil de riesgo residual. Esto incluye la creación de una matriz de riesgo LA/FT/FPADM. 
4. Monitoreo: Busca vigilar el perfil de riesgo de la empresa de manera continua y detectar operaciones inusuales y sospechosas de manera oportuna, asegurando que los controles sean integrales y efectivos. 
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Los elementos que componen el SAGRILAFT incluyen su diseño y aprobación, la auditoría y el cumplimiento (a cargo del oficial de cumplimiento), la divulgación y capacitación del personal, y la asignación clara de funciones a los responsables. La Debida Diligencia (DD) y la Debida Diligencia Intensificada (DDI) son herramientas primarias para la prevención. Las empresas deben aplicar medidas de DD con un enfoque basado en riesgo para identificar y verificar a sus contrapartes y beneficiarios finales, y monitorear continuamente la relación comercial. La DDI se aplica a contrapartes que representan un mayor riesgo, como Personas Expuestas Políticamente (PEPs), aquellas ubicadas en países de alto riesgo, y los PSAV. 

Las empresas obligadas deben contar con herramientas tecnológicas para identificar operaciones inusuales y sospechosas, y deben reportarlas inmediatamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL). Es crucial destacar que no se requiere tener certeza de que se trata de una actividad delictiva para realizar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). 

La expansión regulatoria al sector real a través de SAGRILAFT es una estrategia imperativa para lograr una cobertura integral del riesgo LA/FT y armonizar con los estándares globales. Esta regulación busca explícitamente cumplir con la Recomendación 28 del GAFI, que exige medidas ALA para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) 2022-2023 de la UIAF ha confirmado que varios subsectores del sector real y APNFD (como ingeniería civil, OSFL, comercio exterior, servicios de transporte, y servicios contables/legales) presentan vulnerabilidades "medias" o "media-altas". 

Esto indica un patrón estratégico: a medida que el sector financiero refuerza sus defensas, los fondos ilícitos tienden a desplazarse hacia sectores menos regulados o con menor madurez en cumplimiento. La lucha contra el LA/FT en Colombia requiere intensificar los esfuerzos regulatorios y de aplicación en el sector real y las APNFD, no solo mediante la imposición de regulaciones como SAGRILAFT, sino también a través de programas de capacitación sólidos, el fomento de la adopción tecnológica y la asignación de recursos de supervisión adecuados para estas diversas industrias. La efectividad del SAGRILAFT dependerá de cerrar estas brechas en la madurez del cumplimiento en toda la economía, evitando que los criminales simplemente desvíen sus operaciones hacia el camino de menor resistencia. El oficial de cumplimiento es el actor clave en esta tarea, asegurando que la teoría se traduzca en práctica efectiva. 

Para el sector real, SAGRILAFT es más que una obligación; es la hoja de ruta para construir una cultura de cumplimiento que protege el futuro empresarial, con el oficial de cumplimiento como arquitecto principal.