El Ecosistema Global y Colombiano de la Lucha Antilavado: Un Mapa para el Oficial de Cumplimiento

Comprendiendo los Estándares Internacionales y las Amenazas Locales en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) es una batalla global que exige una comprensión profunda de los estándares internacionales y las particularidades de cada contexto nacional. Para el oficial de cumplimiento en Colombia, esta realidad se traduce en la necesidad de navegar un ecosistema complejo, donde las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se entrelazan con las dinámicas criminales locales.

El GAFI, como organismo intergubernamental independiente, es el arquitecto de los estándares globales. Sus 40 Recomendaciones son el marco universal para combatir el LA, el FT y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Desde 2001, el GAFI amplió su mandato para incluir el financiamiento del terrorismo, promoviendo un enfoque basado en riesgo (EBR) que permite a los países identificar, evaluar y mitigar sus amenazas específicas. GAFILAT, por su parte, es el brazo regional que agrupa a 18 países de América Latina, incluyendo Colombia, y su misión es apoyar la implementación efectiva de estas recomendaciones. Colombia, como miembro de GAFILAT, está sujeta a evaluaciones mutuas que analizan su progreso en el cumplimiento técnico y la efectividad de su sistema ALA/CFT. 

La adaptación continua de estos estándares es crucial, ya que las amenazas evolucionan. El GAFI ha ampliado su enfoque más allá del lavado proveniente de las drogas, abordando "tendencias y técnicas cambiantes". GAFILAT, en su Plan Estratégico 2020-2025, reconoce fenómenos globales como la pandemia de COVID-19 y el "elevado índice de corrupción a nivel regional" como desafíos significativos. Esto subraya que la lucha contra el crimen financiero es un proceso dinámico que requiere sistemas capaces de una adaptación constante. Para el oficial de cumplimiento, esto significa que los marcos nacionales como SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE deben ser flexibles y proactivos, anticipando nuevas vulnerabilidades impulsadas por cambios económicos, sociales y tecnológicos. 

A nivel global, el lavado de dinero se desarrolla en tres etapas: Colocación (introducción de fondos ilícitos), Estratificación (ocultamiento del rastro mediante transacciones complejas, como el "pitufeo" o fraccionamiento de giros), e Integración (reintroducción de fondos como legítimos). Aunque LA y FT son distintos, comparten la búsqueda de secreto y movilidad, diferenciándose en los montos y el propósito final. El GAFI ha identificado riesgos emergentes, como el tráfico de migrantes, impulsado por desequilibrios económicos y la falta de seguridad. Para 2024 y 2025, se espera un incremento en el riesgo de LA/FT debido a la crisis económica, el avance digital y la ciberdelincuencia, lo que resultará en una mayor circulación de dinero ilícito. 

En Colombia, la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) 2022-2023 de la UIAF calificó el riesgo general de LA, FT y FP como "medio". La principal amenaza de Lavado de Activos es la explotación ilícita de yacimientos mineros (minería ilegal), con ingresos estimados de 5.5 billones de COP (aproximadamente 1.400 millones USD), causando daños ambientales y financiando actividades criminales. Otros delitos fuente incluyen el narcotráfico (en aumento), el contrabando (130.000 millones COP por ingreso fraudulento de mercancías) y los delitos contra la administración pública. El testaferrato es una táctica clave para ocultar ganancias ilícitas, generando unos 656.000 millones COP (167 millones USD). 

Las amenazas de Financiamiento del Terrorismo son principalmente domésticas, provenientes de Grupos Armados Organizados (GAO) como el ELN y el Clan del Golfo, que se autofinancian con narcotráfico, extorsión y secuestro. El uso de Colombia como punto de tránsito para grupos internacionales es una amenaza "media-baja". Un caso de 2019 reveló una red que blanqueó más de medio billón de pesos usando transferencias fachada y "pitufeo". 

La transformación del panorama criminal, con la minería ilegal como epicentro, exige una reorientación estratégica de los esfuerzos ALA/CFT. Esto implica una colaboración intensificada entre la UIAF, agencias ambientales, autoridades mineras y fuerzas del orden. Los programas de cumplimiento deben aumentar la vigilancia ante delitos ambientales, y la recuperación de activos debe ser prioritaria. La inclusión de la "identidad digital" en SARLAFT 4.0 y el debate sobre la Inteligencia Artificial (IA) en la debida diligencia son respuestas a esta evolución tecnológica del crimen financiero. El desafío para el oficial de cumplimiento no es solo detectar tipologías conocidas, sino anticipar cómo las disrupciones globales y los cambios tecnológicos generarán nuevas modalidades delictivas. 

En un mundo interconectado, la vigilancia del oficial de cumplimiento es el faro que guía la integridad financiera de la nación.