Sostenibilidad empresarial en Colombia: Del cumplimiento normativo al valor estratégico

En Colombia, la sostenibilidad corporativa ha dejado de ser una lista voluntaria de buenas intenciones o una estrategia de reputación para convertirse en un imperativo legal, técnico y financiero. En un país bendecido por una biodiversidad extraordinaria pero altamente vulnerable a los riesgos climáticos, el sector empresarial enfrenta una transformación profunda impulsada por un marco regulatorio cada vez más riguroso y por la urgencia de descarbonizar la economía.

La convergencia hacia estándares internacionales, la evolución del régimen tributario ambiental y las crecientes exigencias de debida diligencia están redefiniendo las reglas del juego para operar, competir y acceder a capital.

El nuevo ecosistema de reportes ASG: La ruta hacia NIIF S1 y S2

La rendición de cuentas en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) avanza decididamente hacia la estandarización técnica. Para el sector real, la Superintendencia de Sociedades ha modernizado el proceso con la Circular Externa 100-000002 y la implementación del Informe 08 a través de la plataforma SIRFIN en lenguaje XBRL, incentivando la adopción de estándares internacionales como GRI y EFRAG. Por su parte, la Superintendencia Financiera impone mandatos estrictos a los emisores bajo la Circular 031 de 2021, exigiendo la revelación de riesgos climáticos según TCFD y SASB.

Paralelamente, la adopción de las normas NIIF S1 y S2 del ISSB (International Sustainability Standards Board) representa el cambio más trascendental en la contabilidad climática:

• NIIF S1 (Requerimientos Generales): Obliga a revelar cómo los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad afectan la estrategia, los flujos de caja y el valor financiero de la empresa.
• NIIF S2 (Clima): Exige divulgar detalladamente las emisiones de alcance 1, 2 y 3, así como la gobernanza del riesgo climático y los planes de transición bajo escenarios de descarbonización.

Herramientas económicas y normativas para la acción climática

Para responder a la Ley de Acción Climática (Ley 2169 de 2021) ,que fija la meta de reducir el 51% de las emisiones de GEI al 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, las empresas cuentan con instrumentos clave:

• Impuesto Nacional al Carbono: Fortalecido por la Ley 2277 de 2022, grava el contenido de carbono en combustibles fósiles e incluye la aplicación gradual al carbón mineral. Permite el mecanismo de no causación hasta en un 50% mediante créditos de carbono verificados en la plataforma RENARE.
• Taxonomía Verde de Colombia: Sistema de clasificación que permite a las organizaciones e inversionistas identificar activos y proyectos con contribuciones sustanciales a objetivos ambientales.
• Restricciones sectoriales: La Ley 2232 de 2022 prohíbe progresivamente 14 categorías de plásticos de un solo uso, mientras que la Resolución 0534 de MinVivienda establece criterios de sostenibilidad en el ciclo de vida de las edificaciones.

Incentivos tributarios: Un catalizador financiero

El Estatuto Tributario ofrece mecanismos para optimizar la carga fiscal de las empresas que invierten activamente en la protección ambiental mediante la certificación de la ANLA o las CAR:

• Descuento en Renta (Art. 255): Permite descontar directamente hasta el 25% del valor invertido en control y mejoramiento ambiental del impuesto de renta a cargo.
• Deducción de Renta (Art. 158-2): Permite deducir el valor de la inversión de la renta líquida.

Hacia la debida diligencia y los Derechos Humanos

La sostenibilidad abarca de forma prioritaria la dimensión humana. La implementación de la Directiva Europea de Debida Diligencia (CSDDD) y el avance de iniciativas legislativas locales como el Proyecto de Ley 153 exigen a las compañías mapear, prevenir y mitigar impactos en derechos humanos y laborales en toda su cadena de valor.

Lleva la estrategia de sostenibilidad de tu empresa al siguiente nivel

El tiempo de la improvisación ha terminado. Transformar los requisitos ASG en ventajas competitivas requiere acompañamiento técnico experto, conocimiento normativo y alineación estratégica.

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